El pasado mes de febrero, una familia con una persona menor trans en el IES Romero Vargas de Jerez solicitó ayuda urgente al servicio Punto Arcoiris de JereLesGay ante un caso de transfobia escolar. Tras la atención en consulta, el diagnóstico fue claro: la persona menor trans presentaba depresión y ansiedad producidas por el acoso constante y consentido que estaba recibiendo en el centro educativo.
En las denuncias continuadas realzadas por la familia se detallan afirmaciones como «No te hormones porque nunca vas a sentir lo mismo» expresada por una profesora, o «Se te van a ver los genitales con esa ropa» por una alumna.
El centro educativo se negó a cambiar el nombre de la persona menor trans, a pesar de lo claramente dispuesto en el Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz. Se alegó no poder hacer nada, adoptando finalmente ciertas medidas catalogadas como excepcionales.
El centro abrió un expediente por acoso para concluir que no existía ningún acoso, manteniendo esta postura en todo momento. El equipo directivo consideró el acoso infundado, traduciéndose esto en inacción por su parte, retrasando cualquier medida.
Intentos de dialogar con el centro
Desde el primer momento, desde JereLesGay se intenta reunir presencialmente con el equipo directivo con el fin de, en primer lugar, dialogar y esclarecer de buena voluntad los hechos y trasladarles la normativa legal en cuanto a realidades trans que como centro educativo deberían estar implementando.
Sin embargo, desde el centro educativo se les comunicó en todo momento su negativa a dicha reunión presencial justificándose, según el propio centro, en que estaban cumpliendo el mandato que les había sido trasladado por parte de la Inspección Educativa acerca de que el equipo directivo no podía ni debía reunirse con JereLesGay.
Finalmente la familia ha podido reubicar a la persona menor trans en otro centro educativo, aunque deba para ello desplazarse a 5 km del hogar familiar. En este otro centro educativo sí se cumplen con los protocolos legales con las realidades trans, sí se le ha cambiado el nombre desde el primer momento de la matrícula, sin retrasos ni excusas, y sí se han articulado medidas organizativas y educativas para la debida atención de la diversidad en identidad de género.
Denuncia pública
Aunque «se ha solucionado» el caso expuesto, es necesario tomar medidas claras y contundentes para evitar que situaciones similares se repitan. Esta denuncia pública también tiene como fin llamar la atención sobre otras personas menores trans que pudieran estar pasando por la misma situación, sea en el IES Romero Vargas o en otro centro educativo.
El propio equipo directivo no sólo no resolvió el acoso, sino que con su inacción formó parte de ese acoso colectivo. Llegó a responsabilizar a la víctima de sus propias reacciones frente al acoso recibido y se posicionó de forma colaboradora en la transfobia. A modo de ejemplo, el equipo directivo modificó durante el curso escolar la normativa de vestuario con la que se podría asistir al centro y, en base a ella, revictimizar gravemente a la persona menor trans de que todo procedía de su vestimenta, justificando ante la persona acosada que «si el profesor de matemáticas se vistiera de mujer, también se meterían con él».
Desde el Observatorio andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia nos parece inaceptable que aún existan espacios que legitiman la transfobia. Los centros educativos tiene la responsabilidad de ser entornos seguros, libres de discriminación y promotores de la diversidad.
Sólo con centros libres de odio y que actúen ante la LGTBIfobia, conseguiremos una sociedad más justa e igualitaria. La reacción de este centro educativo y su inacción, no es el camino correcto.
