La situación de los Derechos LGTB+ en el mundo en 2020

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Analizamos los últimos datos recopilados por el equipo de ILGA para su informe «Homofobia de Estado». El informe de ILGA es una de las publicaciones de referencia para analizar el status y la evolución de los derechos LGTB+ a nivel mundial. Se trata de un estudio pormenorizado de los marcos jurídicos y de las legislaciones que afectan a la comunidad LGTB+ en todo el planeta.

El informe de ILGA reúne datos que son recogidos cada año por un equipo de investigadores de muchos países. Gracias al compromiso y el arduo trabajo de estos activistas y académicos, el informe de ILGA se ha convertido en un documento de análisis imprescindible. Gracias a él podemos tener una panorámica fidedigna de la situación de los derechos LGTB+ en el mundo.

Para garantizar la exactitud de los datos y contextualizar lo mejor posible la información, el equipo responsable utiliza fuentes muy variadas. Para esta actualización anual del informe se han utilizado y cotejado más de 3.750 fuentes externas, entre las que se encuentran:

a) Legislación
b) Decisiones judiciales (jurisprudencia)
c) Órdenes ejecutivas y decretos-ley
d) Proyectos de ley
e) Organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos
f) Informes de ONGs
g) Noticias de medios de comunicación
h) Textos académicos
i) Testimonios de activistas locales

Principales hallazgos del informe

A continuación, ofrecemos un resumen de los principales hallazgos del informe de 2020, dividido en cuatro variables: Criminalización, Restricción, Protección y Reconocimiento.

1. En cuanto a la Criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo:

Según el informe ILGA, actualmente hay 67 estados en el mundo con disposiciones jurídicas que penalizan los actos sexuales entre personas adultas del mismo sexo. Entre estos países con legislación penalizadora, la pena de muerte es uno de los posibles castigos en seis: Arabia Saudí, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria y Yemen.

Según algunas fuentes consultadas, otros cinco estados adicionales podrían imponer la pena de muerte próximamente: Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Somalia.

2. En cuanto a la Restricción de derechos para las personas LGTB+:

A diciembre de 2020, ILGA ha identificado 42 estados con restricciones jurídicas a la libertad de expresión en relación con la diversidad sexual. Además, en 51 estados existen restricciones en cuanto al registro y al funcionamiento de las organizaciones dedicadas a cuestiones de diversidad sexual y de género.

 3. En cuanto a la Protección del colectivo LGTB+:

En el mundo, ILGA ha contabilizado un total de 12 estados con disposiciones constitucionales que confieren protección contra la discriminación basada en la orientación sexual. Además de esto:

  • 58 estados ofrecen una amplia protección contra la discriminación basada en la orientación sexual.
  • 83 estados protegen contra la discriminación laboral por motivos de orientación sexual.
  • 46 estados prohíben la incitación al odio, la violencia o la discriminación basada en la orientación sexual.
  • 4 estados prohíben de forma directa las «terapias de conversión» y otros 5 tienen prohibiciones indirectas de esta práctica pseudocientífica.

4. En cuanto al Reconocimiento de derechos de la población LGTB+:

Un total de 28 estados permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo a diciembre de 2020. Otros 34 estados al menos ofrecen uniones civiles para las parejas del mismo sexo.

Además, 28 estados reconocen la adopción conjunta por parejas del mismo sexo, y 32 estados reconocen la adopción por un segundo progenitor.

En cuanto a la situación de España, el informe ILGA lo sitúa como uno de los países mejor posicionados en cuanto a derechos LGTB+:

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, España ofrece protección y reconocimiento en prácticamente todas las variables analizadas. Además, no tiene en su ordenamiento jurídico ninguna disposición que criminalice a las personas LGTB+. ¿Las asignaturas pendientes? Establecer una normativa a nivel nacional que prohíba las «terapias de conversión» y blindar a nivel constitucional la protección del colectivo LGTB+.

Evitar la LGBTIfobia es obligación de todos y todas, DENUNCIA.

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